Obispo de Lourdes dice que el santuario cubrirá todos los mosaicos de Rupnik antes de la visita del Papa a Francia
El obispo Jean‑Marc Micas dijo que todos los mosaicos del acusado sacerdote Marko Rupnik serán cubiertos y redecorados en la Basílica de Lourdes antes de la visita del Papa Leo XIV. La medida pretende honrar a las víctimas de abuso y evitar que la obra de Rupnik sirva de fondo durante la procesión del Papa. Los mosaicos habían sido previamente atenuados o cubiertos durante el Jubileo de la Esperanza 2025, pero ahora permanecerán cubiertos permanentemente. El Vaticano está llevando a cabo un juicio canónico de Rupnik, y el Papa se reunirá con las víctimas de abuso en Francia, pero no se espera que discuta el caso de Rupnik.
hace 3 meses
El obispo de Lourdes, Jean‑Marc Micas, anunció que todos los mosaicos creados por el sacerdote y artista Marko Rupnik serán cubiertos y redecorados antes de la visita del Papa León XIV a Francia, y permanecerán ocultos después del peregrinaje para priorizar la dignidad de las víctimas de abuso sexual.
Los mosaicos de Rupnik adornan la fachada neogótica de la Basílica del Rosario en el Santuario de Lourdes desde finales de 2007. El artista, sacerdote jesuita esloveno, ha sido acusado de abuso espiritual, psicológico y sexual de monjas religiosas, lo que llevó a su expulsión de la Compañía de Jesús en 2023 y a un proceso canónico ante la Diócesis de la Doctrina de la Fe del Vaticano. 1
Micas declaró al diario La Dépêche du Midi que “todas las obras en la fachada” serán cubiertas y redecoradas por respeto a las víctimas, y que permanecerán así después de la visita papal. Formó una comisión en mayo de 2023 para estudiar el futuro de los mosaicos y, desde julio de 2024, la obra dejó de iluminarse en procesiones nocturnas. 2
El Papa León XIV tiene programada una parada en Lourdes del 26 al 27 de septiembre de 2026. La presencia visible de los mosaicos de un presunto abusador habría creado un “telón de fondo literal” para la procesión del rosario del Santo Padre. Se espera que el pontífice se reúna en privado con víctimas de abusos durante el viaje, aunque no abordará directamente el caso de Rupnik. 3
La medida de Lourdes se suma a acciones similares, como la de los Caballeros de Columbia en 2024, que cubrieron mosaicos de Rupnik en santuarios de Washington, D.C., y Connecticut. Estas iniciativas reflejan un debate creciente sobre cómo manejar obras artísticas de autores acusados de abusos dentro de lugares sagrados. 1 2
Regulación eclesial sobre obras artísticas vinculadas a abusos
La Iglesia no dispone, en las fuentes aquí examinadas, de una norma única y específica titulada “regulación de obras artísticas vinculadas a abusos”. Sin embargo, existen principios canónicos y pastorales suficientes para orientar decisiones como retirar, cubrir, trasladar, contextualizar o conservar una obra relacionada con un artista acusado o condenado por abusos.
La autoridad eclesial debe ejercer su gobierno como un servicio pastoral, no como una defensa automática de la institución ni de su patrimonio. San Juan Pablo II vinculó expresamente la autoridad episcopal con la responsabilidad, la cercanía al pueblo y la necesidad de afrontar las crisis de confianza producidas por los escándalos de abusos sexuales.
Por tanto, ante una obra asociada a abusos, la primera pregunta no debería ser solamente “¿es artísticamente valiosa?”, sino también:
La gestión de la obra debe orientarse al bien de las personas y a la credibilidad del testimonio cristiano, no únicamente a la conservación material del patrimonio.
Cuando la obra pertenece a una parroquia, diócesis, santuario u otra persona jurídica pública, normalmente se trata de un bien eclesiástico en sentido canónico. El Dicasterio para los Textos Legislativos explica que los bienes temporales pertenecientes a la Iglesia, a la Santa Sede o a personas jurídicas públicas están sometidos a la autoridad eclesiástica competente, aunque la propiedad corresponda jurídicamente a la entidad que los adquirió.
El obispo diocesano tiene el deber de vigilar la administración de los bienes de las personas jurídicas públicas sujetas a él. Esa vigilancia incluye inspeccionar, pedir cuentas, establecer procedimientos administrativos y conceder las licencias requeridas para determinados actos de especial gravedad o relevancia.
En consecuencia, el obispo puede, según el caso y dentro del derecho aplicable:
La autoridad episcopal no administra los bienes de manera arbitraria: debe respetar el derecho universal, el derecho particular, los estatutos, los derechos de terceros y las exigencias de una administración prudente. El Dicasterio subraya que la vigilancia episcopal no equivale ordinariamente a sustituir al representante legal de la entidad, salvo que el derecho particular, los estatutos o una situación de negligencia lo permitan.
Es importante distinguir tres situaciones.
Una pintura, escultura, mosaico o instalación expuesta en un museo, patio, salón o edificio administrativo suele estar sometida principalmente a las normas sobre bienes eclesiásticos, contratos, patrimonio cultural y administración. La autoridad puede restringir su exhibición por razones pastorales, de seguridad, reputación institucional o protección de las víctimas.
Si la obra forma parte de una iglesia o santuario, la decisión debe considerar además su relación con el culto, la dignidad del lugar sagrado y la finalidad evangelizadora del espacio. Una obra no se vuelve intocable por el hecho de encontrarse en una iglesia. Su valor artístico no obliga a mantenerla visible si su presencia contradice gravemente la finalidad pastoral del lugar.
Las cosas destinadas al culto están sometidas a un régimen especial. El Dicasterio señala que incluso cuando pertenecen a personas físicas o a personas jurídicas privadas, su carácter sagrado modifica el ejercicio de los derechos sobre ellas y las somete a una disciplina particular.
Esto exige evitar tanto la destrucción irreflexiva como la simple conservación patrimonial sin discernimiento. Puede ser necesario obtener asesoramiento canónico, litúrgico, artístico y civil antes de retirar, vender, alterar o trasladar una obra.
La prudencia jurídica requiere distinguir:
No sería justo tratar como culpable a una persona sin fundamento suficiente. Pero tampoco es correcto afirmar que la Iglesia debe esperar una sentencia definitiva antes de adoptar toda medida preventiva. La protección de las víctimas y la prevención del escándalo pueden justificar decisiones provisionales, siempre que sean proporcionadas, revisables y no presentadas como una condena definitiva cuando jurídicamente no lo son.
La existencia de procedimientos específicos para los delicta graviora —delitos graves reservados a la autoridad doctrinal competente— muestra que la Iglesia reconoce la necesidad de tramitar estos casos mediante estructuras jurídicas especializadas. El rescripto de 2014 creó un colegio para examinar con mayor eficacia determinadas apelaciones, manteniendo la competencia ordinaria en los casos relativos a obispos.
Sin embargo, la regulación de la obra artística y el procedimiento penal o canónico contra el autor son cuestiones distintas. Una comunidad puede decidir prudentemente cubrir o retirar una obra sin que esa medida constituya por sí misma una sentencia canónica sobre la culpabilidad del artista.
Puede ser una medida adecuada cuando:
Debe explicarse que la cobertura es una medida provisional de cuidado pastoral, no necesariamente una declaración definitiva de culpabilidad.
Puede ser proporcionado cuando:
El traslado a un depósito, archivo o espacio de acceso restringido puede ser preferible a la destrucción, particularmente cuando existe un valor histórico o artístico excepcional.
En algunos casos podría conservarse la obra si:
La contextualización no debe convertirse en una estrategia para minimizar los abusos. Una placa explicativa puede ser insuficiente si la obra permanece en un lugar central de culto y continúa funcionando como homenaje.
Estas decisiones requieren especial cautela. La venta o donación puede estar sujeta a las normas sobre enajenación de bienes eclesiásticos, licencias, valor económico, derechos de propiedad intelectual, contratos y derecho civil. Las fuentes disponibles confirman que la autoridad eclesial tiene competencia de gobierno sobre los bienes eclesiásticos, pero no ofrecen aquí las normas concretas necesarias para determinar cada requisito formal de enajenación.
La destrucción debería considerarse solamente como último recurso, cuando la obra sea materialmente dañina, imposible de conservar sin grave perjuicio pastoral o jurídicamente imposible de trasladar o disponer de otro modo.
La autoridad no debe decidir únicamente mediante una lógica administrativa. San Juan Pablo II pidió a los obispos un estilo pastoral caracterizado por la responsabilidad, la cercanía y la participación de los fieles, sin confundir la consulta con una democracia secular: los fieles pueden y deben ser escuchados, mientras la autoridad competente conserva la responsabilidad final.
Un procedimiento razonable incluiría:
La Iglesia debe evitar dos extremos: convertir la obra en un instrumento de propaganda contra el autor, o proteger el prestigio artístico del autor a costa de silenciar el sufrimiento de las víctimas.
En un santuario, la cuestión adquiere una importancia particular. El espacio no es solamente una galería de arte: es un lugar de oración, conversión, peregrinación y encuentro con Dios. Si una obra está inseparablemente vinculada a una persona acusada o condenada por abusos, su exposición puede afectar la experiencia espiritual de los peregrinos y, de forma especialmente grave, la dignidad de las víctimas.
La opción de cubrir temporalmente, retirar o rediseñar una obra puede ser legítima cuando se presenta como una medida de protección pastoral y de respeto a quienes han sufrido. La autoridad debe, no obstante, actuar con transparencia, respetar los procedimientos jurídicos y distinguir cuidadosamente entre una decisión disciplinar sobre la exposición y una sentencia sobre la responsabilidad penal o canónica del artista.
La regulación eclesial aplicable se basa en varios principios: protección de las víctimas, prevención del escándalo, responsabilidad pastoral del obispo, correcta administración de los bienes eclesiásticos, respeto del debido proceso y discernimiento sobre la naturaleza sagrada o no sagrada de la obra. Las fuentes disponibles no establecen una obligación automática de retirar toda obra vinculada a un artista acusado, pero tampoco sostienen un derecho absoluto a conservarla visible.
La decisión legítima será la que, con fundamento jurídico y pastoral, procure simultáneamente la verdad, la justicia, la dignidad de las víctimas, la adecuada administración del patrimonio y la misión evangelizadora de la Iglesia.